La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, expresó este lunes en LA GACETA su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que, en su estado actual, “de ninguna manera” acompañará la iniciativa. Según sostuvo, la propuesta “no tiene nada de moderna” y afecta derechos básicos de los trabajadores.
Mendoza dijo que si bien reconoce que la legislación laboral necesita una actualización, advirtió que ese proceso debe darse “siempre cuidando los derechos de los trabajadores”. “Donde se afectan los derechos de los trabajadores nunca me van a encontrar a mí”, enfatizó.
La legisladora explicó que el tema ya fue abordado en comisión, con la participación de representantes de distintos sectores, aunque remarcó que aún no está claro qué cambios está dispuesto a aceptar el Ejecutivo nacional.
“No desconocemos que la ley laboral es vieja y que necesita una reforma, pero hasta acá no se incorporan las nuevas actividades que existen hoy. De moderna no tiene nada”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que el debate, que comenzaría formalmente a partir del 10 de febrero, será clave para evaluar el rumbo del proyecto. “Vamos a ver qué es lo que quieren incorporar y qué no. Por ahora, desconocemos cuál es el lineamiento definitivo del Gobierno nacional”, indicó.
Por otro lado, la senadora se refirió a su decisión de sumarse al bloque Convicción Federal y dejar el espacio más orgánico del peronismo. Al respecto, explicó que se trata de un grupo de trabajo con el que mantiene afinidad política y personal desde hace años. “No es nada nuevo. Dentro del antiguo bloque había distintos interbloques y yo me corrí a uno con el que tengo afinidad”, sostuvo.
Mendoza destacó además la importancia de mantener un vínculo institucional con el Gobierno provincial y acompañar aquellas iniciativas que beneficien a Tucumán. “Tengo que acompañar a la provincia porque el gobernador es quien tiene la enorme responsabilidad de conducirla y defender los intereses de los tucumanos”, señaló.
En relación con el presupuesto y otras votaciones recientes en el Congreso, la senadora defendió su postura frente al veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. “Fue una trampa del Gobierno nacional intentar derogar encubiertamente leyes que fueron ampliamente votadas por ambas cámaras”, afirmó.
Finalmente, remarcó que existen límites que no pueden ser cruzados. “La universidad pública y la atención a las personas con discapacidad cuentan con el respaldo de la sociedad entera. El Gobierno nacional tiene que entender que hay prioridades y que no se puede ir en contra de eso”, concluyó.